Clasificación Semanal
A continuación, se enlistan las clasificaciones de los autos, conflictos de competencia y/o las sentencias (notificadas y firmes) de la Sala Primera elaboradas, en esta semana, por el Centro Electrónico Casacional de la Sala Primera (CECA) e incluidas en el tesauro de la Sala Primera en el Nexus.pj.
Aclaración: Esta labor se centra en las resoluciones votadas, notificadas y firmes en el presente año. Sin embargo, puede mostrarse clasificaciones de otros años debido a un esfuerzo por depurar y actualizar la base de datos.
Fondo 2024
Voto 3-F-2024
Descriptor: Recuso de casación
Restrictor: Vista o audiencia
Resumen: La casacionista solicita se celebre una audiencia oral. Sin embargo, por la forma como se resuelve, se estima innecesaria, por lo que procede su rechazo (norma 142.2 Código Procesal Contencioso Administrativo).
Descriptor: Recurso de casación
Restrictor: Formalidades del recurso
Resumen: El casacionista alega, el Tribunal incurrió en indebida apreciación probatoria. Aunque menciona varios elementos de convicción, no expone de forma diáfana y precisa cómo contribuirían a resolver de manera distinta. Además, omite citar las normas de fondo que resultan infringidas debido a la incorrecta valoración probatoria, siendo requisito indispensable cuando de este tipo de yerro se trata. Es claro, no combate de manera sistemática y específica los fundamentos del fallo con razones normativas. En otro cargo, alude y combate lo dispuesto por los órganos director y decisor, así como por la Administración, pese a que lo único que se puede debatir y atacar mediante el recurso de casación es lo decidido por el Tribunal. Resulta imposible ingresar al análisis de otro cargo, ya que se echa de menos la cita y explicación de la forma cómo lo resuelto por las personas juzgadoras quebrantó el ordenamiento jurídico y la manera cómo conduciría a decidir de forma distinta. En otro motivo, los juzgadores expusieron de modo diáfano y concreto porque no cabe responsabilidad sobre una codemandada; sin que la recurrente lo combata. Tampoco combate lo expresado por el Tribunal como sustento para rechazar los daños y perjuicios reclamados.
Descriptor: Recurso de casación
Restrictor: Costas
Resumen: Se rechaza el recurso. Las costas se imponen a cargo de la recurrente (mandato 150.3 Código Procesal Contencioso Administrativo).
Voto 7-F-2024
Descriptor: Principio de irretroactividad de la ley / Situación jurídica consolidada
Restrictor: Concepto y alcance / Concepto y alcance
Resumen: Conforme al principio de irretroactividad de la ley (canon 34 Constitución Política), las situaciones y relaciones jurídicas se rigen conforme a las reglas vigentes al momento de constituirse esos vínculos, en virtud de la certeza que debe imperar en el ordenamiento, de modo que los administrados puedan saber a qué atenerse en las relaciones con la Administración. El Estado no puede aplicar válidamente hacia el pasado, normas jurídicas posteriores para resolver situaciones acontecidas con anterioridad a su dictado. No es factible revocar las autorizaciones vigentes; para efectos de continuarlas, una vez vencidas, si es posible requerir el cumplimiento de los requisitos exigidos por ley a ese momento. En consecuencia, las posteriores modificaciones que se hagan al régimen de examen no pueden perjudicar lo que ya se tiene como una situación jurídica consolidada, pero ésta si tiene que ajustarse a derecho a fin de renovar el permiso o autorización otorgado, una vez que su plazo expire. Ver resoluciones 518-1997 y 2732-1997 Sala Constitucional, 408-2019 Sala Primera.
Descriptor: Derecho a la inmutabilidad del ordenamiento
Restrictor: Concepto y alcance
Resumen: No existe un derecho a la inmutabilidad del derecho. Nadie tiene derecho a que las reglas nunca cambien, porque pueden ser modificadas o suprimidas por una norma posterior. Tocante a los permisos y autorizaciones, éstos deben ser otorgados conforme a las reglas vigentes al momento cuando se realiza la solicitud, de modo que, al expirar su vigencia, caso de requerirse una renovación, deberá igualmente ajustarse al derecho vigente a esa data. Ver resoluciones 799-2010 y 1112-2017 de la Sala Primera. En el presente caso, las modificaciones legislativas impedían al Departamento de Pesos y Dimensiones conceder el permiso requerido por la actora.
Descriptor: Permiso de uso
Restrictor: Renovación de permiso
Resumen: En el presente asunto fue otorgado un permiso de pesos y medidas al vehículo de la actora, con un plazo de vigencia, el cual expiró. Ello llevó a solicitar su renovación. Sin embargo, a la data en que dicha renovación fue requerida, había entrado en vigor diversa normativa sobre la materia (Ley 9078), que acorde al análisis jurídico realizado por la Administración y el Tribunal, impedían renovar el permiso otorgado. El acto emitido por el Departamento de Pesos y Dimensiones, si bien produjo efectos jurídicos inmediatos, limitó sus efectos a la vigencia del permiso, es decir, en ningún momento se estuvo ante la derogatoria de ese acto, ni en consecuencia debió la Administración concedente ajustarse a un proceso de lesividad. Evidentemente, un permiso y autorización otorgado a plazo expreso, no permite interpretar que haya sido concedido para “permanecer invariable en el tiempo”. De consiguiente, no se lesionaron los principios de intangibilidad de los actos propios, irretroactividad de la ley, confianza legítima y seguridad jurídica.
Descriptor: Recurso de casación
Restrictor: Costas
Resumen: Se deniega el recurso. Son las costas a cargo de la promovente (precepto 150.3 Código Procesal Contencioso Administrativo).
Voto 242-F-2024
Descriptor: Recurso de casación / Contrato de transacción
Restrictor: Desistimiento / Concepto y alcance
Resumen: La actora, con ocasión de la transacción celebrada y homologada con la Caja Costarricense de Seguro Social, desistió del recurso de casación formulado en contra de la entidad; por lo que esta Sala lo tuvo por desistido. Por ende, resta por examinar los alegatos contra el fallo en lo relativo al Estado.
Descriptor: Recurso de casación
Restrictor: Formalidades del recurso
Resumen: Los casacionistas no demeritan lo afirmado por el Tribunal. Al omitir prueba, hace inviable modificar el fondo de lo decidido sobre la responsabilidad estatal.
Descriptor: Daño
Restrictor: Principio lo accesorio sigue lo principal
Resumen: No demostrándose los presupuestos para colegir la responsabilidad del Estado, carece de interés examinar la prueba sobre el daño moral.
Descriptor: Costas
Restrictor: Condena al vencido
Resumen: La condena en costas se impone como consecuencia jurídica necesaria al perdidoso por el hecho de serlo. Corresponde al reconocimiento de los gastos que su contraparte, victoriosa en el litigio, debió asumir por defender sus derechos o su situación jurídica. Por ende, no incurre en desacierto el Tribunal que se inclina por no aplicar la facultad discrecional de la exención en costas, en tanto la consecuencia legal necesaria es que se impongan a quien resultó vencido en el litigio.
Descriptor: Recurso de casación / Costas
Restrictor: Costas / Exoneración
Resumen: En cuanto a la exoneración en costas del recurso de casación que se solicita, estima este órgano, su tesis contaba con un nivel aceptable de plausibilidad jurídica y fue denegada por un tema probatorio, lo que da cuenta de la existencia de motivo suficiente para recurrir; por lo que se exonera a la actora del pago de las costas generadas con el planteamiento de esta instancia (norma 150.3 Código Procesal Contencioso Administrativo).
Voto 406-F-2024
Descriptor: Incongruencia / Incongruencia / Condominio o copropiedad
Restrictor: Concepto y alcance / Objeto del debate / División o venta de cosa común
Resumen: Análisis sobre la incongruencia. Las pretensiones del actor giran en torno a la localización, división o venta de dos fincas en copropiedad. En casación, él aduce que el fallo incurre en este vicio, porque no se solicitó la determinación de los inmuebles en cuanto a la medida material actual. Lo resuelto por el Tribunal tiene relación con el objeto procesal, sea la localización de los derechos de cada una de las partes dentro de las fincas inscritas registralmente, es decir, el determinar que las cabidas reales de los predios tengan identidad con las publicitadas en el Registro de la Propiedad; lo cual no se logró determinar con la pericial topográfica. Esto lo llevó a concluir que no se configura el principio de legalidad registral hacia terceros y a los mismos copropietarios del inmueble para el análisis de la venta común de la cosa. Por tal razón, no determina la Sala la existencia de incongruencia de la forma que lo alega el casacionista.
Descriptor: Recurso de casación
Restrictor: Casación por razones procesales
Resumen: El alegato no se enmarca en la naturaleza jurídica que regula la causal de incongruencia, porque no se dirige a que la sentencia concedió más de lo solicitado (ultrapetita), cosa diferente a lo pretendido (extrapetita) u omite pronunciarse sobre una pretensión (citrapetita). Por el contrario, la disconformidad estriba en una falta de relación entre la parte considerativa y la conclusión a la cual se arriba en sentencia. En pro de la transparencia y acceso a la justicia, este argumento se analiza como una contradicción grave en la fundamentación; causal que determina la oposición de argumentos que se anulan entre sí, es decir, cuando en el fallo impugnado se encuentran argumentos contrapuestos, que al final sobre un punto en concreto dejan inmotivada la sentencia. No obstante, no se encuentra un motivo válido para anular el fallo.
Descriptor: Costas
Restrictor: Condena al vencido
Resumen: La declaratoria del fallo de tener al actor como vencido, obedece al rechazo de sus pretensiones en la demanda, de ahí que la condenatoria en costas deriva del numeral 73.1 del Código Procesal Civil, cuando señala que en toda resolución que le ponga fin al proceso, se condenará en costas al vencido. Esa condena se sustenta como imperativo legal a la parte no victoriosa.
Descriptor: Recurso de casación
Restrictor: Casación útil
Resumen: El casacionista no rebate los argumentos por los cuales el fallo del Tribunal deniega la venta de una propiedad; por lo que la casación resulta inútil.
Descriptor: Recurso de casación
Restrictor: Violación indirecta de ley sustantiva
Resumen: Análisis sobre el error en la valoración y en la interpretación de la prueba (norma 41.5 Código Procesal Civil). El impugnante alega infracción a la norma sustantiva por errores de apreciación probatoria. Estima la Sala, el recurrente no logra acreditar que existe una indebida apreciación de la prueba pericial, ni que hubiere contradicción en las valoraciones hechas por el Tribunal en cuanto a la prueba aportada al proceso, por lo que sus argumentos son insuficientes para quebrar lo resuelto; circunstancia que obliga al rechazo del cargo.
Descriptor: Recurso de casación
Restrictor: Costas
Resumen: Se declara sin lugar el recurso y se impone las costas a la recurrente (ordinal 150.3 Código Procesal Contencioso Administrativo).
Voto 532-F-2024
Descriptor: Incongruencia / Recurso de casación
Restrictor: Concepto y alcance / Casación por razones procesales / Violación indirecta de ley sustantiva
Resumen: Análisis sobre el vicio de incongruencia por mínima, ultra o extra petita, así por contener disposiciones contradictorias. Las inconformidades esgrimidas no se enmarcan dentro de la causal procesal invocada, porque en el fondo, lo acusado corresponde a discrepancias de criterio en torno a los motivos que sustentaron la condenatoria en costas a favor del codemandado. Nótese, no procede invocar las causales procesales del recurso de casación como mecanismo para promover la revisión del ejercicio apreciativo y valorativo del Tribunal sentenciador, ni la aplicación del Derecho al caso concreto. Para tales efectos, la ley procesal establece causales sustantivas expresas. Por consiguiente, se rechaza el cargo procesal formulado.
Descriptor: Costas
Restrictor: Condena al vencido
Resumen: Estima esta Cámara, para la presente acción de reivindicación, la decisión de la accionante de mantener su demanda en contra del codemandado -pese a que existen pruebas que sugieren que él ya no poseía el terreno en disputa- se constituyó en un potencial riesgo procesal para que la acción fuera desestimada en su contra, por carecer de legitimación pasiva en la causa, tal cual se declaró finalmente en sentencia, con la consecuente sanción procesal al pago de las costas respectivas. Por ende, no puede ahora pretender beneficiarse con una exoneración al pago de costas. De esta manera, a ese codemandado le asiste derecho para que se le reconozca el pago de las costas incurridas para la atención de este litigio.
Voto 533-F-2024
Descriptor: Recurso de casación
Restrictor: Legitimación
Resumen: Solo tiene legitimación la parte perjudicada con la inobservancia de la ley procesal (ordinal 69.2.4 Código Procesal Civil).
Descriptor: Llamada al garante / Pretensión / Contrato de compraventa / Legitimación ad processum
Restrictor: Concepto y alcance / Pretensión expresa / Llamada al garante / Llamada al garante
Resumen: Análisis sobre la llamada al garante (artículos 109 Código Procesal Civil derogado y 22.5 Código Procesal Civil vigente, 1034, 1035, 1036 y 1037 Código Civil). Para que el Tribunal se pronuncie sobre la garantía exigida, el citante (sea la parte actora) debió haber esgrimido pretensiones concretas en contra del Banco Nacional de Costa Rica (quien es el vendedor del inmueble adquirido por los accionantes) en los términos del precepto 1036.2 ibídem. En otras palabras, si los accionantes tienen algún pedimento contra el ente (por ejemplo, uno de responsabilidad por catastrar e inscribir un terreno traslapado con el suyo), debieron demandarlo directamente. Al no hacerlo, el Tribunal estaba impedido de verter pronunciamiento sobre la entidad financiera cómo deudor de la garantía. Esta falencia y la imposibilidad de que la sentencia decidiera al respecto, es un aspecto propio de la relación contractual entre los accionantes y el Banco; que en nada incide o afecta a la demandada (norma 22.1 Código Procesal Civil vigente).
Descriptor: Costas
Restrictor: Condena al vencido
Resumen: Conforme el canon 73.1 y 2 del del Código Procesal Civil, al no encontrarse motivo que justifique la exención, se condena a la promovente al pago de las costas generadas con el ejercicio de esta impugnación; las cuales deberán ser liquidadas en fase de ejecución de sentencia, donde se determinarán en respeto del derecho constitucional de defensa de todas las partes.
Voto 547-F-2024
Descriptor: Laudo arbitral / Recurso de revisión
Restrictor: Fundamentación / Concepto y alcance
Resumen: En los procesos arbitrales, contra el laudo solo se admiten los recursos de nulidad y de revisión (canon 64 Ley RAC). El último se rige por el Código Procesal Civil. Si bien, su numeral 72.11 posibilita la formulación de la demanda de revisión por violaciones trascendentes al debido proceso, dicha causal no corresponde con la falta de fundamentación o motivación del fallo; más sí de las causales de nulidad del ordinal 67.b y e de la Ley RAC, el primero sobre la falta de motivación (resoluciones 1366-2015 y 466-2019 Sala Primera) y el segundo al quebranto del debido proceso. Lo mismo puede decirse de un examen analógico de las causales del recurso de casación de los artículos 69.2.2 y 69.2.4 del Código Procesal Civil; siendo causales con situaciones fáctico-jurídicos diferentes. Por ende, al tratarse de causales taxativas, no es dable concluir que la falta de fundamentación pueda tenerse como una causal de interposición de la demanda de revisión.
Descriptor: Recurso de revisión
Restrictor: Formalidades del recurso
Resumen: El cardinal 67 de la Ley RAC preceptúa las causales taxativas de nulidad procedentes contra el laudo. Con excepción de sus incisos d) y f), solo es posible aducir infracciones procesales que atenten contra la validez del fallo arbitral. Ver resoluciones 180-2008, 386-2018 y 75-2009 de la Sala Primera. Los alegatos guardan relación con aspectos probatorios, en particular, por indebida valoración de prueba testimonial y documental efectuada por los árbitros, siendo aspectos propios del fondo de lo discutido, ajenos al rol contralor de esta Sala. Es inadmisible que, a través de una demanda de revisión del laudo, se persiga someter el examen de aspectos probatorios a esta Sala, supuesto que resulta posible cuando alguna de las pruebas decisivas del pronunciamiento impugnado, hubiera sido declarada falsa en fallo penal firme (norma 72) o ante la aparición de medios probatorios novedosos que permitan desvirtuar las conclusiones obtenidas en el fallo que se ataca.
Voto 551-F-2024
Descriptor: Aplicación normativa
Restrictor: Transitorio
Resumen: El recurso de casación incoado se tramita por la Ley 7130, como cuerpo normativo supletorio de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa (LRJCA), según se explica. Este proceso inició en el año 2003, por lo que resulta aplicable el Transitorio IV del Código Procesal Contencioso Administrativo, que indica: “Los procesos contencioso-administrativos y los juicios ordinarios atribuidos a la vía civil de Hacienda, interpuestos con anterioridad a la entrada en vigencia de este Código, cualquiera que sea su estado procesal, continuarán sustanciándose, en todos sus trámites y recursos, por las normas que regían a la fecha de inicio”. Por ende, la LRJCA es la llamada a regular este proceso. No obstante, en materia recursiva, ese cuerpo normativo remite a la legislación procesal civil (numeral 70). Además, la sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo fue emitida de previo a la entrada en vigencia del Código Procesal Civil actual; de modo que resulta aplicable su Transitorio II, que dispone: “Contra las resoluciones que estuvieran dictadas al entrar en vigencia este Código cabrán los recursos autorizados por las disposiciones procesales vigentes al momento en que se dictaron”. Por ende, los recursos posteriores a la sentencia se regulan por la legislación procesal civil de la Ley 7130.
Descriptor: Recurso de casación
Restrictor: Ampliación
Resumen: En este asunto se aplica el numeral 604 del Código Procesal Civil (Ley 7130), como habilitación legal para presentar la ampliación del recurso de casación; a diferencia del nuevo régimen, donde no contempla esa posibilidad, sino que, por el contrario, la prohíbe (numeral 27.3 Ley 9342). Empero, esta Sala advierte que la gestión fue presentada fuera del plazo de cinco días regulado en el citado cardinal 604. Ergo, se declara extemporánea, lo que impone su rechazo.
Voto 574-F-2024
Descriptor: Aplicación normativa
Restrictor: Transitorio
Resumen: Al haberse dictado la sentencia de primera instancia antes de la entrada en vigencia del Código Procesal Civil (Ley 9342), ello implica, de acuerdo con su Transitorio I, que el recurso de casación presentado se resuelva conforme a la Ley 7130 (Código Procesal Civil anterior) y se armonice en lo posible con el procedimiento de la nueva legislación (Transitorio Ley 9342).
Descriptor: Recurso de casación
Restrictor: Formalidades del recurso
Resumen: El reclamo es informal. La recurrente no ataca el motivo por el cual los jueces de alzada no atendieron su solicitud de exoneración en costas, lo que lleva a que sea imposible su conocimiento por parte de esta Cámara; toda vez que el artículo 591 del Código Procesal Civil establecía que la competencia de esta Sala se limita a lo reclamado respecto de la resolución de segunda instancia, pues es la que puede ser impugnada en casación. Ver resolución 7182-1994 de la Sala Constitucional.
Descriptor: Recurso de casación
Restrictor: Costas
Resumen: Se rechaza el recurso de casación y condena a la recurrente al pago de las costas de esta fase procesal (sanción procesal del canon 611 del Código Procesal Civil).
Voto 580-F-2024
Descriptor: Recurso de casación / Principio de inmediación
Restrictor: Formalidades del recurso / Concepto y alcance
Resumen: Deviene improcedente lo aseverado por los recurrentes, sobre la informalidad de una comunicación que fue demostrada sin mayor sustento probatorio; pues fue acreditado por el A Quo a partir de las declaraciones de las actoras y la testimonial, ejercicio intelectivo que no es cuestionado en el recurso. En otro cargo, se echa de menos la exposición de razones concretas de estimar agraviante la desestimación probatoria establecida por el Tribunal. En todo caso, quien recurre se limita a alegar en abstracto su indefensión, sin cuestionar con rigor los fundamentos de esa desestimación. De esa cuenta, el reparo es improcedente. En todo caso, conforme con el sistema recursivo de casación actualmente vigente, la nulidad de la sentencia de la instancia precedente tiene un carácter excepcional, referida a vicios procesales concretos cuyo acaecimiento no puedan ser subsanados en casación por afectar el principio de inmediación (norma 69.8 Código Procesal Civil). En ese sentido, pretender la nulidad del fallo a partir de vicios de carácter sustantivo es igualmente improcedente.
Conflictos de competencia 2023
Voto 1056-C-2023
Descriptor: Conflicto de competencia
Restrictor: Competencia por territorio
Resumen: Al Tribunal del domicilio del demandado le corresponderá conocer de las pretensiones de cualquier naturaleza sobre bienes muebles (8.3.3.2 Código Procesal Civil). Al estar en el presente caso ante pretensiones sobre bienes muebles, y dado que la demandada tiene su domicilio en La Unión de Cartago, resulta competente en razón del territorio, el Juzgado Especializado de Cobro de Cartago (sesiones de Corte Plena n° 40-18 y 44-18 del 27/08/2018 y 24/09/2018, artículos XXII y VIII).
Voto 1057-C-2023
Descriptor: Conflicto de competencia
Restrictor: Conducta pública
Resumen: En el presente caso, lo solicitado es la revocatoria del cese del nombramiento de la actora, como asistente de pacientes en la Caja Costarricense de Seguro Social, diferencias salariales, reinstalación, intereses, indexación, daños y costas. Conforme con lo solicitado y el régimen jurídico aplicable (ver resoluciones 9928-2010 y 11034-2010 Sala Constitucional), al tratarse de una relación regida por el derecho público, el conocimiento del proceso se enmarca dentro del ámbito competencial de la jurisdicción contencioso administrativa (ordinal 1 Código Procesal Contencioso Administrativo), en particular, en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, en donde deberá también conocer las demás pretensiones conexas (norma 43 ibídem).
Ver resoluciones 1072-C-2023, 1225-C-2023 y 1255-C-2023
Voto 1067-C-2023
Descriptor: Conflicto de competencia
Restrictor: Competencia por territorio
Resumen: El Código Procesal Civil dispone que el tribunal del domicilio de quien formula una pretensión tendrá competencia para conocer de los procesos judiciales no contenciosos, salvo lo previsto para casos especiales (artículo 8.3.2.2). Al estar ante un proceso judicial no contencioso, y dado que el domicilio del promovente es en Pococí, Limón, resulta competente en razón del territorio el Juzgado Civil del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica (sesiones de Corte Plena n° 40-18 y 44-18 del 27/08/2018 y 24/09/2018, artículos XXII y VIII).
Voto 1069-C-2023
Descriptor: Conflicto de competencia
Restrictor: Interés actual
Resumen: Las partes solicitan el archivo del proceso. Al existir una falta de interés actual en la resolución de la presente consulta de competencia, se remite el proceso al Juzgado Tercero Civil de San José, para lo que corresponda.
Voto 1071-C-2023
Descriptor: Conflicto de competencia
Restrictor: Empleado que no participa de la gestión pública
Resumen: Al actor no se le puede considerar como funcionario público (normas 111 y 112 Ley General de la Administración Pública), ya que por la naturaleza de la relación con el Banco Nacional (empresa pública), no participa de la gestión pública administrativa, por lo que concierne a una relación amparada en el derecho laboral común, donde se dispone residenciar este proceso.
En igual sentido, ver la resolución 1253-C-2023.
Voto 1079-C-2023
Descriptor: Conflicto de competencia
Restrictor: Conducta pública
Resumen: La jurisdicción contencioso administrativa tiene por objeto tutelar las situaciones jurídicas de toda persona, así como garantizar o restablecer la legalidad de cualquier conducta de la Administración Pública, sujeta al Derecho Administrativo (ordinal 1 del Código Procesal Contencioso Administrativo). En el presente proceso se pretende nulidad de los procedimientos de cobro realizados por la Comisión Nacional de Préstamos para la Educación, que disponen el reintegro de sumas supuestamente pagadas en exceso por concepto de diferencias salariales, donde no se discute si corresponde o no su pago, sino el procedimiento que dispone el cobro, lo que conforme con el contenido material de la pretensión y el régimen jurídico aplicable (ver votos 9928-2010, 11034-2010, 7250-2013 y 18946-2015 Sala Constitucional), se enmarca dentro del ámbito competencial de la jurisdicción Contencioso Administrativa. Ver resolución 1217-C-2023.
Voto 1161-C-2023
Descriptor: Conflicto de competencia
Restrictor: Ejecución de sentencia
Resumen: Se pretende la ejecución de la sentencia dictada por el Juzgado Penal conforme a la norma 488 del Código Procesal Penal, que señala: "La sentencia que condene a restitución, indemnización o reparación de daños y perjuicios, cuando no sea inmediatamente ejecutada o no pueda serlo por simple orden del tribunal que la dictó, se ejecutará por el interesado ante el juez civil o contencioso administrativo, según corresponda". Este proceso de ejecución, distinto al monitorio dinerario (numeral 146 Código Procesal Civil), no se enmarca dentro de la competencia material otorgada a los Juzgado de Cobro (sesiones de Corte Plena n° 40-18 y nº 44-18 celebrada el 27/08/2018, artículos XXII y VIII, respectivamente). De ahí que el conocimiento del asunto debe mantenerse ante el Juzgado Tercero Civil de San José.
Voto 1227-C-2023
Descriptor: Conflicto de competencia
Restrictor: Competencia por territorio
Resumen: Al Tribunal del domicilio de quien formula una pretensión tendrá competencia para conocer de las infracciones en materia de protección al consumidor. También será competente, a escogencia del demandante, el tribunal del lugar donde sucedieron los hechos (ordinal 8.3.2.1 Código Procesal Civil). De conformidad con lo indicado, al estar ante un proceso judicial de protección al consumidor, y dado que el domicilio del promotor es en San José, Turrujal de San Ignacio de Acosta, es competencia del Tribunal Colegiado Primera Instancia Civil del Tercer Circuito Judicial de San José (Hatillo) (sesión de Corte Plena n° 40-18 publicada en circular de la Secretaría de la Corte n° 117-18 del 17/09/ 2018).
Voto 1238-C-2023
Descriptor: Conflicto de competencia
Restrictor: Competencia por territorio
Resumen: Al Tribunal del lugar donde se encuentre el bien, le corresponderá conocer de las siguientes pretensiones “Arrendaticios sobre inmuebles o sobre universalidades comprensivas de ellos” (ordinal 8.3.1.2 Código Procesal Civil). Al estar en el presente caso ante un proceso de naturaleza arrendaticia, y dado que el inmueble se ubica en Limón, Sixaola, Talamanca, resulta competente en razón del territorio, el Juzgado Civil del I Circuito Judicial de la Zona Atlántica (sesión de Corte Plena n° 40-18 publicada en circular de la Secretaría de la Corte n° 117-18 del 17/09/ 2018).
Voto 1249-C-2023
Descriptor: Conflicto de competencia
Restrictor: Pretensión laboral
Resumen: Para la definición de la competencia en los conflictos jurisdiccionales de empleo público, se deberá revisar el régimen jurídico aplicable a dicha relación y el contenido material de la pretensión. En el caso concreto, se solicita el análisis de legalidad de distintos actos administrativos que determinaron el otorgamiento del rubro de dedicación exclusiva. Dichas pretensiones no están dirigidas al cuestionamiento o impugnación directa de la relación jurídica o de alguna de sus manifestaciones en ejercicio de poder público, son pretensiones exclusivamente económicas, referentes a un componente salarial y si corresponde o no su pago, lo que debe ser resuelto por la jurisdicción laboral.
Ver resolución 1250-C-2023.
Voto 1254-C-2023
Descriptor: Conflicto de competencia
Restrictor: Conducta pública
Resumen: En el presente caso, la actora pretende se declare la suspensión del oficio y del Concurso Interno - Externo, ordenando su restitución como jefe de la Unidad de Ingresos de la Gerencia de Telecomunicaciones del Instituto Costarricense de Electricidad. En otras palabras, se cuestiona la legalidad de la conducta administrativa. Ahora bien, no se puede descartar a la parte actora como como funcionaria pública (numerales 111 y 112 Ley General de la Administración Pública). Por lo que conforme con lo solicitado y el régimen jurídico aplicable (ver resoluciones 9928-2010 y 11034-2010 Sala Constitucional), al tratarse de una relación regida por el derecho público, el conocimiento del proceso se enmarca dentro del ámbito competencial de la jurisdicción contencioso administrativa (ordinal 1 Código Procesal Contencioso Administrativo), en particular, en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, en donde deberá también conocer las demás pretensiones conexas (norma 43 ibídem).
Voto 1256-C-2023
Descriptor: Conflicto de competencia
Restrictor: Pretensión laboral / Seguros
Resumen: Se pretende el pago de una diferencia respecto al pago de la póliza de vida, por la reducción automática del monto otorgado en razón del pago de un crédito personal. Ahora bien, la Sociedad de Seguros del Magisterio Nacional tiene una naturaleza jurídica especial que la califica como una organización social de los educadores, de fines mutualistas y adscripción obligatoria. De esta manera, el asunto tiene conexión íntima con el contrato laboral de los docentes, pues se fundamenta en la protección social de todos los funcionarios dedicados a la educación. Así las cosas, se declara que la competencia del presente asunto corresponde al Juzgado de Seguridad Social del Primer Circuito Judicial de San José.
Voto 1330-C-2023
Descriptor: Conflicto de competencia
Restrictor: Especialización de la materia / materia cobratoria / competencia por tipo de proceso
Resumen: En circular 120-18 se publicó acuerdo de Corte Plena, sesión 40-18, artículo XXIII, relacionado con la definición de competencia por tipo de proceso de los Tribunales de Apelación Primero y Segundo Civil de San José, se acogió el escenario para mantener el conocimiento de las apelaciones de manera especializada, según el tipo de proceso y no por despacho de origen. En esta estructura, se planteó trasladar la competencia de los siguientes procesos del Tribunal Primero al Tribunal Segundo Civil de San José: actividad judicial no contenciosa, ejecución de sentencia, monitorio arrendaticio y sumarios. De lo sesionado en Corte, se deduce la idea de que el Tribunal Primero Civil de San José, sea un despacho especializado en materia cobratoria de segunda instancia, quedando la competencia de los asuntos no cobratorios de segunda instancia, para el Tribunal Segundo Civil de San José. En consecuencia, se impone declarar al Tribunal Primero de Apelación Civil de San José para que conozca la apelación del presente proceso, por ser un asunto de cobro dinerario.
Voto 1340-C-2023
Descriptor: Conflicto de competencia
Restrictor: Conducta pública / Responsabilidad administrativa
Resumen: La única pretensión pendiente de resolver es si existe la responsabilidad de la Caja Costarricense de Seguro Social ante una posible mal praxis médica y si corresponde el pago de daños, perjuicios, costas e intereses, pretensiones que son propias de un proceso ordinario Contencioso Administrativo. Ahora bien, todo lo relativo a procesos en los que sea parte una Administración Pública sujeta al Derecho Administrativo como lo es el Estado en sí, serán de conocimiento exclusivo de la jurisdicción Contenciosa Administrativa, independientemente de la cuantía del proceso, por lo que la competencia de este asunto corresponde al Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda (artículos 1, 2, 4 y 12 Código Procesal Contencioso Administrativo y 8.1 Código Procesal Civil).
Voto 1362-C-2023
Descriptor: Conflicto de competencia
Restrictor: Competencia por territorio
Resumen: Al Tribunal del domicilio del demandado le corresponderá conocer de las pretensiones de carácter personal (8.3.3 Código Procesal Civil). En este caso, el objeto en general del presente proceso, consiste en que la parte demandada cumpla con el respectivo pago adeudado al Instituto Nacional de Aprendizaje. La empresa demandada, según indicó la actora, registra su domicilio social en Cartago, La Unión, Tres Ríos, por lo que resulta competente en razón del territorio, el Juzgado Especializado de Cobro de Cartago (sesión de Corte Plena n° 40-18 publicada en circular de la Secretaría de la Corte n° 117-18 del 17/09/ 2018).
Voto 1371-C-2023
Descriptor: Conflicto de competencia
Restrictor: Conducta pública
Resumen: En el caso concreto, se debe analizar la legalidad de la conducta administrativa desplegada por la Municipalidad demandada y si dicho acto es disconforme con ordenamiento jurídico, por lo que de conformidad con el contenido de la pretensión y el régimen jurídico aplicable, se enmarca dentro del ámbito competencial de la jurisdicción contencioso administrativa, en particular, en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda (numerales 1, 2, 43 y 122 Código Procesal Contencioso Administrativo y 49 Constitución Política).
Voto 1374-C-2023
Descriptor: Conflicto de competencia
Restrictor: Competencia por territorio
Resumen: El Código Procesal Civil dispone que el tribunal del domicilio de quien formula una pretensión tendrá competencia para conocer de los procesos judiciales no contenciosos, salvo lo previsto para casos especiales (artículo 8.3.2.2). En la especie, el Banco de Costa Rica, es el que formula la pretensión de liquidación de sociedad, y se ubica en San José centro, Avenida Segunda, por lo que resulta competente en razón del territorio, el Juzgado Civil del Primer Circuito Judicial de San José que por turno corresponda (sesión de Corte Plena n° 40-18 publicada en circular de la Secretaría de la Corte n° 117-18 del 17/09/ 2018).
Voto 1380-C-2023
Descriptor: Conflicto de competencia
Restrictor: Contribución parafiscal / Obligación tributaria / Seguro social
Resumen: El análisis del contenido material de la pretensión debe ser congruente con el régimen jurídico aplicable. En la especie, las pretensiones de la actora buscan la declaración de la nulidad de diversos actos administrativos emitidos por la Caja Costarricense del Seguro Social que culminaron con un cobro por concepto de planillas, planillas adicionales o cuotas obrero patronales, con fundamento en la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS). Además, solicita se modifique el Reglamento de Afiliación de Trabajadores Independientes de la CCSS. Para la valoración de dichas pretensiones, se deberá realizar un análisis de la contribución parafiscal que es una categoría del Derecho Tributario, por lo que dicho estudio corresponde realizarse dentro de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo (ordinal 49 de la Constitución Política y voto 17900-2010 Sala Constitucional), en particular en el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda.
Voto 1390-C-2023
Descriptor: Conflicto de competencia
Restrictor: Pretensión laboral
Resumen: Para la definición de la competencia en los conflictos jurisdiccionales de empleo público, se deberá revisar el régimen jurídico aplicable a dicha relación y el contenido material de la pretensión (ver votos 2010-9928, 2010-11034, 07250-2013 y 18946-2015 Sala Constitucional). En el caso de estudio, lo pretendido es suspender los efectos de las resoluciones emitidas por la Rectoría de la Universidad de Costa Rica, que rechazan la licencia sabática, así como el recurso de revocatoria y apelación planteados. Dichas pretensiones no están dirigidas al cuestionamiento o impugnación directa de la relación jurídica o de alguna de sus manifestaciones en ejercicio de poder público, son pretensiones referentes a una licencia laboral, competencia de la jurisdicción laboral, a la que corresponde dirimir los conflictos, cuya solución requiera la aplicación de normas de derecho de trabajo y seguridad social, y los principios que lo informan, así como los asuntos conexos a las relaciones sustanciales propias de ese derecho (numeral 420 del Código de Trabajo).
Voto 1419-C-2023
Descriptor: Conflicto de competencia
Restrictor: Pretensión civil
Resumen: La pretensión principal corresponde la declaratoria de nulidad del proceso sucesorio, y de ahí, la solicitud de declaración de ganancialidad sobre los bienes traspasados en dicho proceso. Ergo, dada la naturaleza de la pretensión anulatoria, no puede ser resuelta por disposición alguna del Derecho de Familia, por lo que la competencia para el conocimiento de la acción debe radicarse en la jurisdicción Civil mediante un proceso ordinario, tal y como lo planteó la parte accionante (ordinal 101 Código Procesal Civil). En consecuencia, el conocimiento de este proceso corresponde al Tribunal Colegiado de Primera Instancia Civil (ordinal 95 bis Ley Orgánica del Poder Judicial).
Voto 1425-C-2023
Descriptor: Conflicto de competencia
Restrictor: Ejecución de sentencia
Resumen: El Tribunal Penal declaró con lugar la acción civil resarcitoria y condenó a los demandados civiles a pagar las sumas líquidas por concepto de daño moral y costas. Para hacer efectivos esos rubros, se presentó ejecución de sentencia conforme a la norma 488 del Código Procesal Penal, que señala: "La sentencia que condene a restitución, indemnización o reparación de daños y perjuicios, cuando no sea inmediatamente ejecutada o no pueda serlo por simple orden del tribunal que la dictó, se ejecutará por el interesado ante el juez civil o contencioso administrativo, según corresponda". Este proceso de ejecución (numeral 146 Código Procesal Civil), no se enmarca dentro de la competencia material otorgada a los Juzgado de Cobro (sesión de Corte Plena n° 40-18 celebrada el 27/08/2018, artículos XXII y VIII, respectivamente). De ahí que no se está ante los supuestos para su tramitación ante un Juzgado de Cobro, por lo que el conocimiento del asunto, en donde se solicita una suma a favor de un sujeto de derecho público -Oficina de Defensa Civil de la Víctima-, corresponde al Juzgado de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda.
Voto 1429-C-2023
Descriptor: Conflicto de competencia
Restrictor: Competencia por territorio
Resumen: El Código Procesal Civil (Ley No. 9342) autoriza la declaración oficiosa de incompetencia por razón del territorio, antes de dar curso a la demanda (numeral 9.1). En el presente asunto, el Juzgado de Cobro del I Circuito Judicial de Alajuela se declaró incompetente por razón del territorio, sin embargo, a través de auto del 13/03/ 2020, dio el respectivo traslado del proceso, es decir, no resulta aplicable la declaración oficiosa de incompetencia, por lo que se le declara competente para conocer el presente proceso.
Voto 1448-C-2023
Descriptor: Conflicto de competencia
Restrictor: Competencia por territorio
Resumen: El presente proceso cobratorio fue interpuesto encontrándose vigente el Código Procesal Civil anterior (Ley 7130) y a partir de su presentación se generaron efectos procesales, al prevenirse al juez de su conocimiento. Al ser las normas procesales de orden público y de aplicación inmediata, conforme con las normas de competencia aplicables en el momento de presentación de la demanda, no es posible la declaración oficiosa de la incompetencia territorial, al no estar contemplada su aplicación en la legislación vigente al interponer la demanda. En este proceso no se ha dado curso a la demanda, por ende, este asunto debe permanecer en el Juzgado de Cobro –donde se interpuso-, ya que no está autorizado a declinar la competencia territorial de oficio, al ser prorrogable de conformidad con las reglas de competencia aplicables. El Transitorio I del nuevo Código Procesal Civil, además, dispone que los procesos que estuvieran pendientes a la entrada en su vigencia, se tramitarán en cuanto sea posible, ajustándolos a la nueva legislación, armonizándola con las actuaciones realizadas, por lo que en casos como el actual, donde la legislación vigente a la fecha de presentación, no admite la prórroga de la competencia en razón del territorio de forma oficiosa, no es posible la aplicación de nuevas disposiciones, contrarias a las aplicables en el momento de su presentación, en detrimento de la celeridad del proceso y del principio constitucional de irretroactividad de la ley.
Descriptor: Aplicación normativa
Restrictor: Norma Procesal
Resumen: Voto salvado: aplicación del Transitorio I del Código Procesal Civil vigente y su cardinal 8.3.3, disponiendo que el asunto debe ser tramitado por el despacho del domicilio del demandado, con prescindencia del despacho en el que se presentó la demanda.