Clasificación Semanal
A continuación, se enlistan las clasificaciones de los autos, conflictos de competencia y/o las sentencias (notificadas y firmes) de la Sala Primera elaboradas, en esta semana, por el Centro Electrónico Casacional de la Sala Primera (CECA) e incluidas en el tesauro de la Sala Primera en el Nexus.pj.
Aclaración: Esta labor se centra en las resoluciones votadas, notificadas y firmes en el presente año. Sin embargo, puede mostrarse clasificaciones de otros años debido a un esfuerzo por depurar y actualizar la base de datos.
Conflicto de competencia 2024
Voto 635-C-2024
Descriptor: Conflicto de competencia
Restrictor: Especialización de la materia / Materia cobratoria / Competencia por tipo de proceso
Resumen: Este proceso consiste en que la demandada pague la suma adeudada ordenada mediante sentencia. En la circular 120-18 del 19/09/2018, se publicó el acuerdo de Corte Plena en sesión 40-18 del 27/08/2018, artículo XXIII, relacionado con la definición de competencia por tipo de proceso de los Tribunales de Apelación Primero y Segundo Civil de San José, donde se acogió el escenario 1 propuesto, siendo su idea de que el Tribunal Primero Civil de San José sea un despacho especializado en materia cobratoria de segunda instancia, quedando la competencia de los asuntos no cobratorios de segunda instancia para el Tribunal Segundo Civil de San José. En consecuencia, no existe razón para cambiar la competencia actual de los Tribunales de Apelación Primero y Segundo Civil de San José. La pretensión principal del caso no es equiparable con el proceso actual sumario para el cobro de una obligación dineraria (numeral 103.1.1 Código Procesal Civil), sino a un proceso de cobro de obligación no dineraria por ser de naturaleza cobratoria, por lo que el Tribunal Primero de Apelación Civil de San José debe conocer la apelación.
En igual sentido, ver la resolución 633-C-2024.
Voto 708-C-2024
Descriptor: Conflicto de competencia
Restrictor: Seguros / Daños y perjuicios / Proceso monitorio / Cobro
Resumen: El objeto del presente asunto es que se reconozca la supuesta deuda de la demandada que está pendiente de pago ante Instituto Nacional de Seguros, correspondiente una liquidación de póliza de transporte interior de contenedores. Estima la Sala, el ejercicio de la actividad aseguradora y los hechos que se deriven de esa actividad, se encuentran sometidos a la competencia de los tribunales de jurisdicción civil. Con respecto al cobro formulado basado en un título ejecutivo, estamos ante un proceso monitorio dinerario que debe ser conocido por la jurisdicción especializada de cobro, en particular, en el Juzgado de Cobro del Primer Circuito Judicial de la Zona Sur (Pérez Zeledón) (ordinales 8.1, 8.3.3.1 y 110.1.1 Código Procesal Civil, 2 Ley del Instituto Nacional de Seguros y la circular n° 117-18, aprobada en la sesión de Corte Plena n° 40-18 del 27/08/2018, artículo XXII).
Voto 713-C-2024
Descriptor: Conflicto de competencia
Restrictor: Conducta pública / Administración pública
Resumen: En el presente proceso se solicita la declaración de una supuesta disconformidad con el ordenamiento jurídico y la anulación de un acto administrativo de nombramiento, aunado con la reinstalación, encontrándose como demandada una Municipalidad, lo que resulta eminentemente de conocimiento de la jurisdicción contencioso administrativa, en particular, en el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda (artículos 1, 2, 4 y 12 Código Procesal Contencioso Administrativa).
Voto 740-C-2024
Descriptor: Conflicto de competencia
Restrictor: Ejecución de sentencia
Resumen: Cuando se trata de la condena de sumas líquidas o que pueden determinarse con la sola realización de una simple operación matemática, como las costas en la sede penal, es innecesario acudir al proceso de ejecución en otra vía, siempre y cuando la autoridad penal tenga dineros depositados por la parte condenada producto de embargos o incautaciones efectuadas durante el proceso o bien sean de fácil y voluntaria obtención, puesto que corresponde al propio tribunal sentenciador, girar las órdenes y actuaciones del caso, para el efectivo pago del monto establecido. En esos casos, remitir a las partes a una fase posterior de cumplimiento frente a una sentencia condenatoria de cantidad específica y concreta, va en demérito del principio de justicia pronta y cumplida. Se pretende ejecutar la sentencia penal por una contravención que condenó a la demandada al pago en abstracto de las costas procesales y los intereses. Corresponde al tribunal que hubiere conocido en primera instancia, establecer el monto de esos extremos, con la disposición expresa de lo procedente, así como prevenir a la parte condenada su depósito, el cual, de no realizarse, deberá remitirse al proceso de ejecución de sentencia (vía civil) (numerales 136 Código Procesal Civil y 488 Código Procesal Penal).
Voto 757-C-2024
Descriptor: Instituto Nacional de Seguros
Restrictor: Naturaleza jurídica
Resumen: El Instituto Nacional de Seguros, a pesar de estar regido por el principio de legalidad, sujeto al régimen jurídico de carácter público, por ser una institución autónoma del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propio (norma 1 Ley del Instituto Nacional de Seguros reformada por la Ley Reguladora del Mercado de Seguros) también realiza actividades de naturaleza privada, de modo que en sus actividades externas propias del giro comercial está regido por el derecho privado, diferente en lo que respecta a su organización hacia lo interno, que no deja de regirse por el derecho público (régimen dual), lo que implica que está sujeto, en su giro, al bloque de legalidad civil y comercial (canon 2 ibídem). Por ende, la actividad de seguros se rige por el derecho privado, concretamente por el derecho comercial.
Descriptor: Conflicto de competencia
Restrictor: Seguros / Daños y perjuicios
Resumen: El objeto del presente asunto es que se reconozca la supuesta responsabilidad de la demandada con respecto a la caída de un muro dentro de un condominio, mientras construía una casa de habitación, lo que provocó que el Instituto Nacional de Seguros tuviera que indemnizar a un tercero por el siniestro ocurrido; por lo que el ente pretende el pago de los daños y perjuicios sufridos por el pago de dicha póliza. El ejercicio de la actividad aseguradora y los hechos que se deriven de esa actividad, se encuentran sometidos a la competencia de los tribunales de jurisdicción civil. Ahora bien, para el reclamo de daños y perjuicios será competente el tribunal del lugar en que sucedieron los hechos o del domicilio del actor, a elección de este, siendo competente en el caso concreto el Tribunal Colegiado de Primera Instancia Civil del Primer Circuito Judicial de San José (mandatos 8.1, 8.2 y 8.3.5.2 Código Procesal Civil, 2 Ley del Instituto Nacional de Seguros, 54 y 95 bis Ley Orgánica del Poder Judicial).
En igual sentido, ver las resoluciones 735-C-2024 y 1045-C-2024.
Voto 765-C-2024
Descriptor: Conflicto de competencia
Restrictor: Destino del fundo
Resumen: En razón de la materia, se justifica que el proceso sea remitido a la jurisdicción agraria (mandatos 1 y 2 Ley de la Jurisdicción Agraria), ya que estamos ante la disputa de una propiedad donde se da actividad de producción, transformación, industrialización y enajenación de productos agrarios. Además, tiene una medida de 5 hectáreas y todas las partes son agricultores que se dedican al comercio del café.
Voto 769-C-2024
Descriptor: Conflicto de competencia
Restrictor: División o venta de cosa común / Proceso ordinario
Resumen: Lo peticionado gira en torno a la división de un inmueble inscrito por partes iguales a favor del actor y la demandada. Acorde con el numeral 101 del Código Procesal Civil, “las pretensiones que no tengan un procedimiento expresamente señalado se tramitarán por el proceso ordinario”; cuyo conocimiento corresponde a la jurisdicción civil.
Voto 772-C-2024
Descriptor: Sistema Financiero Nacional para la Vivienda
Restrictor: Naturaleza jurídica
Resumen: El Sistema Financiero Nacional para la Vivienda se creó con la Ley n° 7052. Tiene la naturaleza jurídica de una entidad de interés público. Su objeto principal es fomentar el ahorro y la inversión nacional y extranjera, a fin de recaudar recursos financieros para dar una solución al problema habitacional existente en nuestro país. Está conformado por el Banco Hipotecario de la Vivienda (ente rector) y las demás entidades autorizadas en esa ley, sean estos entes públicos o privados, entre las cuales se incluyen a las asociaciones mutualista de ahorro y préstamo. Estas asociaciones se forman con base en el derecho privado y su organización y funcionamiento se regulan por la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica (artículos 1, 2 , 3.c y ch, 68 ibídem).
Descriptor: Conflicto de competencia
Restrictor: Mutual de ahorro y préstamo
Resumen: Dada la naturaleza privada de la Mutual Alajuela de Ahorro y Préstamo (demandada) y el hecho que las pretensiones del actor son evidentemente de naturaleza civil, resulta de competencia de la jurisdicción civil, en particular, en el Tribunal Colegiado de Primera Instancia Civil del Primer Circuito Judicial de la Zona Sur (Pérez Zeledón) (ordinales 8.1 y 8.2 Código Procesal Civil, 54 y 95 bis Ley Orgánica del Poder Judicial).
Voto 775-C-2024
Descriptor: Conflicto de competencia
Restrictor: Proceso de ejecución hipotecaria / Cobro
Resumen: Este caso consiste en ejecutar la hipoteca dada en garantía ante el incumplimiento de la deudora en un contrato de crédito pactado con el promovente, siendo la deuda exigible; situación que corresponde dilucidarse en un proceso de ejecución hipotecaria, el cual debe ser conocido por la jurisdicción de cobro (sesión 40-18 del 27/08/2018 y publicada en circular de la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia 117-18 del 17/09/2018.
En igual sentido, ver la resolución 758-C-2024.
Voto 781-C-2024
Descriptor: Conflicto de competencia
Restrictor: Pretensión civil / Especialización de la materia
Resumen: Los tribunales competentes serán conforme a la especialidad de la materia. La competencia agraria conocerá y resolverá en forma exclusiva de los conflictos que se susciten con motivo de la aplicación de la legislación agraria y de las disposiciones jurídicas que regulan las actividades de producción, transformación, industrialización y enajenación de productos agrícolas. Corresponde a los tribunales agrarios conocer de todo lo relativo a los actos y contratos en que sea parte un empresario agrícola, originado en el ejercicio de dichas actividades. En este caso, los terrenos de los actores son de naturaleza urbana y su destino actual es casa de habitación. No se comprueba que sean aptos para el desarrollo de actividades agrícolas ni se dedica en la actualidad a ello. Al no tratarse de un asunto de naturaleza agraria, la competencia para dirimir el conflicto es resorte de la jurisdicción civil, en particular, en el Juzgado Civil de Cartago (normas 8.1 Código Procesal Civil, 1,2 y 4 Ley de Jurisdicción Agraria).
Voto 788-C-2024
Descriptor: Conflicto de competencia
Restrictor: Administración pública / Responsabilidad administrativa
Resumen: Este proceso consiste en declarar la nulidad de los préstamos que se le rebajan a la pensión que percibe la actora por el régimen Transitorio de Reparto del Magisterio Nacional, dado que la promovente considera que el contrato de crédito acordado está viciado e ilegal, pues una de las partes firmantes no tiene capacidad cognitiva ni volitiva para contraer obligaciones. Según el artículo 97 de la Ley 7531, las acciones realizadas por la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (JUPEMA) están reguladas por el ordenamiento jurídico administrativo público. El canon 1.3.c del Código Procesal Contencioso Administrativo dispone que la jurisdicción contenciosa administrativa involucra la administración descentralizada y las demás entidades de derecho público, como lo es JUPEMA. Por ende, las pretensiones encuadran en el numeral 2.c ibídem, por cuanto el objeto de proceso es la determinación de la validez o existencia de vicios en un conjunto de contratos mercantiles de los cuales forma parte una entidad pública, así como su eventual responsabilidad administrativa. Por lo anterior, en razón de materia, este caso debe ser conocido en la jurisdicción contenciosa administrativa, en particular, en el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda (ordinales 1, 2 y 5 ibídem, 8.1 Código Procesal Civil).
Descriptor: Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional
Restrictor: Naturaleza jurídica
Resumen: La Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional es un ente público no estatal, con personería jurídica y patrimonio propio (cardinal 97 Ley 7531). Como tal, está sujeta a las normas de la presente ley, al ordenamiento jurídico administrativo público y las ordenanzas, directrices y demás actos vinculantes emanados de la Superintendencia General de Pensiones.
Voto 810-C-2024
Descriptor: Conflicto de competencia
Restrictor: Proceso monitorio / Cobro / Competencia por territorio
Resumen: Este proceso consiste en que la demandada cumpla con el respectivo pago adeudado a la empresa actora. Estamos ante pretensiones pecuniarias respaldadas por un pagaré firmado entre las partes, correspondiente a un proceso monitorio dinerario. Al Tribunal del domicilio del demandado le corresponde conocer las pretensiones de carácter personal (artículo 8.3.3.1 Código Procesal Civil) Por ende, el competente para conocer del proceso es el Tribunal del domicilio de la demandada, en particular, en el Juzgado de Cobro del Primer Circuito Judicial de la Zona Sur (Pérez Zeledón) (ordinales 8.1, 8.3.3.1 y 110.1.1 ibídem y circular n° 117-18, aprobada en la sesión de Corte Plena n° 40-18 del 27/08/ 2018, artículo XXII).
En similar sentido, ver las resoluciones 770-C-2024 y 800-C-2024.
Voto 1030-C-2024
Descriptor: Instituto Nacional de Seguros
Restrictor: Naturaleza jurídica
Resumen: El Instituto Nacional de Seguros, a pesar de estar regido por el principio de legalidad, sujeto al régimen jurídico de carácter público, por ser una institución autónoma del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propio (artículo 1 Ley del Instituto Nacional de Seguros, reformada por la Ley Reguladora del Mercado de Seguros), también realiza actividades de naturaleza privada, de modo que en sus actividades propias del giro comercial que realiza, sea en su actividad externa, está regido por el Derecho Privado, diferente en lo que respecta a su organización hacia lo interno, que no deja de regirse por el Derecho Público (régimen dual), lo que implica que está sujeto en su giro al bloque de legalidad civil y comercial. Su numeral 2 establece: “Los actos que se generen a partir del desarrollo de su actividad comercial de seguros, actuando como empresa mercantil común, serán regulados por el Derecho privado, por lo que, en el ejercicio de la actividad aseguradora, el Instituto quedará sometido a la competencia de los tribunales comunes”. La actividad de seguros se rige por el derecho privado, concretamente por el Derecho Comercial.
Descriptor: Conflicto de competencia
Restrictor: Seguros
Resumen: El ejercicio de la actividad aseguradora y los daños que se deriven de esa actividad, se encuentran sometidos a la competencia de los tribunales de jurisdicción civil.
Voto 1036-C-2024
Descriptor: Conflicto de competencia
Restrictor: Competencia para resolver / Jerarquía impropia
Resumen: La Sala Constitucional interpretó que los juzgados de trabajo en los procesos disciplinarios contra servidores municipales conocen en jerarquía impropia y no como órgano jurisdiccional (voto 6396-2011 y numeral 173.1 y 2 Constitucional). Tanto el Tribunal de lo Contencioso Administrativo como el Juzgado de Trabajo, en materia recursiva municipal, actúan como jerarcas impropios administrativos, cuyos pronunciamientos darán por agotada la vía administrativa. El numeral 54.12 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que la Sala Primera conocerá los conflictos de competencia que se planteen respecto de autoridades judiciales y administrativas; lo que implica que esta Cámara conoce del conflicto cuando intervenga una autoridad administrativa y una jurisdiccional, lo que no sucede en este caso, puesto que corresponde a un conflicto entre jerarquías impropias administrativas. Por ende, el presente asunto debe resolverlo el Consejo Superior del Poder Judicial, siendo el órgano superior de los despachos que actúan como jerarcas impropios administrativos (ordinales 73 y 102 Ley General de la Administración Pública, 61 y 81 Ley Orgánica del Poder Judicial y acuerdo de la Corte Plena sesión número 49-18 del 22/10/2018, artículo XXXVI).
En igual sentido, ver las resoluciones 995-C-2024 y 1051-C-2024.
Voto 1042-C-2024
Descriptor: Conflicto de competencia
Restrictor: Especialización de la materia / Pretensión civil / Destino del fundo / Competencia por territorio / Cuantía
Resumen: Los tribunales competentes serán conforme a la especialidad de la materia (norma 8.1 Código Procesal Civil). La competencia agraria conocerá y resolverá en forma exclusiva de los conflictos que se susciten con motivo de la aplicación de la legislación agraria y de las disposiciones jurídicas que regulan las actividades de producción, transformación, industrialización y enajenación de productos agrícolas. Corresponde a los tribunales agrarios conocer de todo lo relativo a los actos y contratos en que sea parte un empresario agrícola, originado en el ejercicio de dichas actividades (artículos 1 y 2 Ley de Jurisdicción Agraria). Se presenta una medida cautelar atípica de cese inmediato de explotación de una actividad comercial de restaurante, parqueo de busetas, llegada de clientes, realización de yoga y eventos especiales en la propiedad de la actora. No se comprueba que ese inmueble sea apto y utilizado para el desarrollo de actividades agrarias. Tiene una medida de 13.555,89 m². Por ende, la competencia para dirimir el conflicto es resorte de la jurisdicción civil. Además, será competente el tribunal donde se encuentre situado el bien, para conocer de las pretensiones sobre la constitución, modificación y extinción de derechos reales sobre inmuebles; las mixtas o personales referidos o con efectos sobre inmuebles y las relacionadas con la gestión, administración o mantenimiento de inmuebles (8.3.1, 1, 3 y 4 Código Procesal Civil). Finalmente, la cuantía está estimada en diez mil dólares americanos. Conforme con los artículos 8.1, 8.2, 8.3 y 8.3.1 ibídem y 1,2 y 4 de la Ley de Jurisdicción Agraria, el Tribunal Colegiado de Primera Instancia Civil del Tercer Circuito Judicial de Alajuela (San Ramón) es el competente por la materia, el territorial y la cuantía (Corte Plena, sesión n° 40-18 publicada en circular de la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia n° 117-18).
Voto 1052-C-2024
Descriptor: Conflicto de competencia
Restrictor: Conducta pública
Resumen: Para la definición de la competencia en los conflictos jurisdiccionales, se debe revisar el régimen jurídico aplicable y el contenido material de la pretensión (ver resoluciones 9928-2010, 11034-2010, 7250-2013 y 18946-2015 de la Sala Constitucional). La actora impugna el procedimiento de cobro de intereses vencidos del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, por el atraso en dicha obligación. Según lo pretendido en la demanda y conforme con los artículos 1, 2 y 36 del Código Procesal Contencioso Administrativo y 49 de la Constitución Política, el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda debe conocer el presente asunto.
Voto 1054-C-2024
Descriptor: Conflicto de competencia
Restrictor: Bien demanial / Concesión
Resumen: Este proceso deviene por un tema de servicio de dominio público, cual es el espectro de telecomunicaciones, propiamente el apagado electrónico de la red 2G por la demandada. Las pretensiones de la actora están dirigidas para que se revisen las acciones de la accionada (sociedad de naturaleza privada), pero regulada directamente por el Derecho Público, por ejercerlas al amparo de una concesión otorgada por el Estado (artículo 2.e Código Procesal Contencioso Administrativo), lo que se encuentra dentro del ámbito competencial de la jurisdicción contencioso administrativa, en particular, en el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda (artículos 1, 2, 4 y 12 ibídem y ordinal 8.1 Código Procesal Civil).