Las 100 Reglas de Brasilia
Boletín de Prensa, 2 de mayo, 2008
POBLACIONES VULNERABLES
CON MAYOR ACCESO A LA JUSTICIA
Destacar varios aspectos fundamentales sobre el acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad fue unos de los temas más sensibles que se analizaron en la XIV Cumbre Judicial Iberoamericana de Presidentes de Cortes Supremas de Justicia y los Consejos de la Magistratura de Iberoamérica, efectuada en marzo anterior en Brasil.
Ello permitió la elaboración de “Las 100 Reglas de Brasilia” cuyo propósito es que mujeres, niños, indígenas, refugiados, personas con discapacidad, adultos mayores y privados de libertad, entre otros tengan garantizado las condiciones de acceso efectivo a la justicia sin discriminación alguna, que les permitan el pleno goce de los servicios del sistema judicial.
Dichas Reglas no se limitan a establecer una base de reflexión sobre los problemas del acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, sino que también recogen recomendaciones para los órganos públicos y para quienes prestan sus servicios en el sistema judicial.
Por lo anterior, no sólo se refieren a la promoción de políticas públicas que garanticen el acceso a la justicia de estas personas, sino también al trabajo cotidiano de todos los servidores y operadores del sistema judicial y quienes intervienen de una u otra forma en su funcionamiento.
Cabe destacar que el sistema judicial es un instrumento para la defensa efectiva de los derechos de las personas en condición de vulnerabilidad. Poca utilidad tiene que el Estado reconozca formalmente un derecho si su titular no puede acceder de forma efectiva al sistema de justicia para obtener la tutela de dicho derecho.
Se consideran en condición de vulnerabilidad aquellas personas que, por razón de su edad, género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas y/o culturales, encuentran especiales dificultades para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico.
Jueces, fiscales, defensores públicos, procuradores, abogados, policías y todos aquellos operadores que intervienen de una u otra forma en el funcionamiento del sistema de justicia, de conformidad con la legislación interna de cada país se constituyen en los principales actores del cumplimiento de estas reglas.
Las 100 Reglas de Brasilia inicia con un capítulo que define la finalidad, beneficiarios y destinatarios de las reglas. Su segundo capítulo contiene una serie de reglas aplicables a aquellas personas en condición de vulnerabilidad que han de acceder o han accedido a la justicia, como parte del proceso, para la defensa de sus derechos.
El próximo capítulo señala aquellas reglas que resultan de aplicación a cualquier persona en condición de vulnerabilidad que participe en un acto judicial, ya sea como parte que ejercita una acción o que defiende su derecho frente a una acción, ya sea en calidad de testigo, víctima o en cualquier otra condición.
El cuarto y último capítulo contempla una serie de medidas destinadas a fomentar la efectividad de estas Reglas, de tal manera que puedan contribuir de manera eficaz a la mejora de las condiciones de acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad.
Es importante mencionar que para hacer efectivas dichas Reglas, los poderes públicos en sus respectivos ámbitos de competencia, deben promover reformas legislativas y adoptar medidas que hagan efectivo el contenido de las mismas.
Para dar seguimiento al cumplimiento de las 100 Reglas de Brasilia, durante la Cumbre fue nombrada como integrante de la Comisión Iberoamericana, la magistrada Anabelle León Feoli, Presidenta de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, como reconocimiento a la labor que ella ha desarrollado en este campo, tanto a nivel nacional como internacional. T También formarán parte de dicha Comisión representantes de España, Argentina, Guatemala y México.
En los trabajos preparatorios de estas Reglas participaron las principales redes iberoamericanas de operadores y servidores del sistema judicial: la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas, la Federación Iberoamericana de Ombudsman y la Unión Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de Abogados. Sus aportaciones enriquecieron de forma indudable el contenido del presente documento.
La Junta Directiva del Colegio de Abogados le hizo un merecido reconocimiento a la magistrada León por dicho nombramiento.